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AIRES REFORMISTAS SOBRE ASUNTOS ESTRUCTURALES


Tal como fuera anticipado por el Gobierno luego de las elecciones legislativas del 22 de octubre, esta semana se presentaron dos proyectos de ley sobre temas que la Administración Central considera fundamentales para el desarrollo de la economía y la reducción de la pobreza.

El primer anuncio trató el tema laboral. Con el objetivo de “promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas”, se propone esencialmente: (i) un blanqueo laboral; (ii) una reducción en las contribuciones patronales; (iii) modificaciones al régimen de contratación laboral; (iv) un régimen de capacitación laboral continua; (v) el fomento del empleo juvenil y entrenamiento para el trabajo; y (vi) la implementación de una red de servicios de empleo.

En cuanto al blanqueo laboral, el proyecto permite la regularización del empleo defectuosamente registrado o no registrado, excluyendo de dicho beneficio a las relaciones laborales del personal de casas particulares. El acogimiento al régimen produce la extinción de las acciones legales, infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza, condonándose las deudas del empleador en un 100% si el blanqueo se produce dentro de los 6 meses posteriores a la sanción de la ley o un 70% si se realiza luego de los 6 meses. El proyecto prevé como plazo máximo para la regularización, 360 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Respecto a las contribuciones patronales, el proyecto propone un esquema progresivo de rebaja de las cargas en materia previsional en base a un mínimo no imponible que va de los $ 2.300 en el primer semestre del 2018 a los $11.500 a partir del 2022, importe este último actualizado por inflación a partir del año 2023.

En lo que se refiere al régimen de contratación laboral, el proyecto prevé modificaciones al régimen de: subcontratación y delegación (quienes subcontraten servicios quedarán eximidos de la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones de los contratistas con sus empleados siempre que cumplan con sus debidas obligaciones de control); licencias especiales (se amplía a 15 días corridos la licencia por el nacimiento de un hijo); horas suplementarias (se prevé la posibilidad de compensar las horas extras a través de un sistema de “Banco de Horas” que debiera incorporarse por medio de los Convenios Colectivos de Trabajo); indemnizaciones por despido sin causa (se excluye de la base de cálculo el aguinaldo, las horas extras, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual); prescripción (se reduce a un año el plazo para el inicio de las acciones laborales).

Finalmente se pueden destacar dos modificaciones adicionales: (i) la figura del trabajador independiente (quien cuente con la colaboración de hasta cuatro personas para llevar adelante un emprendimiento productivo, podrá acogerse a un régimen especial unificado que contempla el aporte individual de una cuota mensual por la totalidad de los aportes), y (ii) la creación del sistema de prácticas formativas en reemplazo de aquel de pasantías (este tipo de prácticas no generará una relación laboral y se extenderán también al sector público; su plazo máximo será de 12 meses y su carga horaria no podrá superar las 30 horas semanales).

El segundo anuncio trató la reforma tributaria. Pretende generar las condiciones necesarias para un sistema más eficiente y equitativo, con el objetivo de promover inversiones que redunden en más puestos de trabajo y desarrollo.

Los principales cambios versan sobre: (i) aportes y contribuciones de la seguridad social; (ii) impuesto a las ganancias corporativas y personales; (iii) impuesto al valor agregado; (iv) impuesto sobre los créditos y débitos bancarios; (iv) acuerdos con las provincias para reducir impuestos (ingresos brutos, sellos y eliminación de aduanas internas); (v) impuestos internos; (vi) impuestos a los combustibles, y (vii) impuestos a la transferencia de inmuebles.

El proyecto propone: reducir en forma gradual la alícuota del 35% al 25% del impuesto a las ganancias, para ganancias corporativas no distribuidas; devolver en forma anticipada los saldos a favor del impuesto al valor agregado por inversiones que no se hayan recuperado en el plazo de 6 meses; duplicar la deducción especial en ganancias para emprendedores autónomos; implementar un mínimo no imponible para contribuciones patronales; incrementar gradualmente el pago a cuenta de ganancias del impuesto a los débitos y créditos, y reducir ingresos brutos.

También incluye: la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles (aunque quedan gravadas las ganancias de la venta de una segunda propiedad con un 15%); la imposición del impuesto al valor agregado a los servicios digitales; el incremento de impuestos a determinadas productos “no saludables” (bebidas alcohólicas, bebidas con azúcar) y bienes (motocicletas de alta gama, embarcaciones de alta gama, aeronaves); la reducción en otros (productos electrónicos, vehículos de gama media); la modificación a los impuestos a los combustibles (se pretende simplificar y elevar el gravamen a las naftas contaminantes), y la extensión del impuesto a las ganancias por rentas financieras.

En este último caso, el impuesto afectará a las personas físicas residentes en el país que perciban rentas anuales mayores a $ 52.000 por sus tenencias en títulos públicos (en pesos y en dólares), plazos fijos, fondos comunes de inversión y tenencias en Lebacs (las acciones con cotización local se mantienen exentas). Las alícuotas previstas son del 5% para rendimientos provenientes de instrumentos de renta fija en pesos sin cláusula de ajuste, mientras que en el caso de rendimientos provenientes en moneda extranjera o indexados y otras rentas financieras la misma se eleva al 15%.

Estos proyectos marcan el inicio de la nueva etapa anunciada recientemente por el Presidente de la República. Habrá que ver si se logran los consensos suficientes en el Congreso de la Nación para lograr sus sanciones. El tiempo dirá.

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